Una tradición histórica de movilización popular

Iván Molina Jiménez

En las últimas semanas, personas interesadas en la aprobación del TLC con Estados Unidos han planteado, en los principales medios de comunicación colectiva del país, la curiosa tesis de que lo que sociedad costarricense debe hacer es sentarse a esperar –presumiblemente con los brazos cruzados– a que los diputados y diputadas decidan sobre ese acuerdo Tal énfasis va acompañado de una descalificación sistemática de cualquier movilización ciudadana en contra de la decisión legislativa.
Aunque es comprensible que quienes apoyan el TLC defiendan una tesis así, conviene recordar que tal planteamiento carece de respaldo en la experiencia histórica de Costa Rica. En efecto, a lo largo de su historia, las y los costarricenses se han visto obligados, muchas veces, a lanzarse a las calles para impedir que las autoridades constituidas cometan verdaderas atrocidades contra la sociedad.
Fue gracias a una movilización de este tipo que la ciudadanía impidió, en septiembre de 1842, que Francisco Morazán utilizara a Costa Rica como base para intentar reconstruir, por la fuerza, la Federación Centroamericana. Igualmente, fue necesaria una movilización popular para consolidar el triunfo electoral de la oposición en los comicios de noviembre de 1889. Asimismo, fueron movilizaciones populares, con fuerte presencia de mujeres, las que iniciaron el derrumbe definitivo, en junio de 1919, de la dictadura de los Tinoco (cuando Costa Rica estuvo cogobernada por dos hermanos funestos). Finalmente, fueron movilizaciones de esta índole las que, en mayo de 1943, impidieron que el Congreso aprobara una reforma que habría reforzado extraordinariamente la posición del Poder Ejecutivo en el proceso electoral.
En un libro reciente, la historiadora Patricia Alvarenga ha mostrado cómo las movilizaciones ciudadanas estuvieron presentes en la vida política de Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX, y cómo fueron esas movilizaciones las que detuvieron el llamado “Combo del ICE”, un proyecto cuya trámite por la Asamblea Legislativa fue declarado inconstitucional por la Sala Cuarta (un caso que, al igual que la tramitación de la última y fracasada reforma tributaria, demuestra por qué la ciudadanía debe mantenerse en guardia frente a las acciones de diputados y diputadas).
En un país donde lamentablemente los intereses personales y empresariales de los políticos se han impuesto sobre los intereses nacionales, la movilización ciudadana, acorde con una tradición de casi dos siglos, podría ser la única forma de introducir decencia y justicia en la política nacional.
Desde el pasado, quienes respondieron a los desafíos de su época con la movilización, legitiman a la ciudadanía de inicios del siglo XXI, que podría verse obligada a movilizarse de nuevo para impedir la aprobación del TLC, o para impedir la destrucción del CENAC por un gobierno cuyo respeto por la cultura parece estar a la altura de la declaración pública de Óscar Arias de no recurrir a la Sala Cuarta para derogar la prohibición de la reelección presidencial por ser esa “una actitud antidemocrática” y una burla a la Asamblea Legislativa.

*Catedrático. Universidad de Costa Rica